EN RETROCESO

E

l marco, vigente desde principios de 2011, establece un inventario que nunca se completó y persiste la oposición a la normativa en las provincias mineras. Los principales relevamientos se hicieron en los años 60 y 70. Hay masas de hielo que se redujeron en un 20 por ciento por el calentamiento global.

El inconveniente radica en que,
salvo contadas excepciones,
la disposición hasta ahora se mantiene
en el terreno de las buenas intenciones

La supervivencia de los glaciares de la Argentina oscila entre las consecuencias del indiscutible cambio climático y la nula aplicación de un marco legal que, vigente, ordena relevarlos para luego establecer límites a explotaciones económicas como la minería.

Ocurre que, a excepción de iniciativas aisladas llevadas a cabo principalmente entre las décadas de los años 60 y 70, se desconoce con precisión cuántas son las masas de hielo que se ubican en torno a las principales alturas de nuestro país.

Por supuesto que no hay dudas respecto de la riqueza local en lo que hace a estas formaciones: según el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), de los casi 25.500 kilómetros cuadrados cubiertos por glaciares que ostenta América del Sur, se estima que alrededor del 15 por ciento -unos 3.825 kilómetros cuadrados- corresponden a la Argentina. Chile es hogar del 75 por ciento de los cuerpos de hielo regionales.

“Estos porcentajes colocan tanto a Chile como a la Argentina en una posición privilegiada con respecto a otros países, pero también les otorgan un mayor grado de responsabilidad para el estudio, monitoreo y protección de los glaciares en esta región del planeta. Sin embargo, a pesar de la gran extensión de hielo que existe en nuestro país, el conocimiento actual sobre los glaciares y el ambiente periglacial -áreas circundantes de las masas de hielo- en la Argentina es muy limitado”, destaca un documento emitido por ambos organismos.

Los estudios en esa dirección siempre fueron aislados. En 1960, el Instituto Nacional del Hielo Continental Patagónico ubicó 356 cuerpos de hielo en áreas de Santa Cruz, mientras que ya en 1974 el mencionado IANIGLA relevó 1.025 en la cuenca del río Mendoza, en la provincia homónima.

En el mismo territorio, en el transcurso del año 2003, monitoreos de la misma institución dieron con más de 160 glaciares identificables. En tanto, en 2005 un equipo de científicos ubicó 170 glaciares en seis cuencas en torno a la sierra del Aconquija, en la provincia de Tucumán.

Tanta información dispersa, al tiempo que impidió conocer al detalle la disponibilidad de formaciones que serán clave en las próximas décadas por su riqueza en agua potable, en simultáneo alentó la expansión de numerosos proyectos de extracción de minerales que se establecieron en zonas de glaciares.

La promulgación, en noviembre de 1995, de un código minero que abrió la puerta al ingreso de nuevos capitales a través de una fórmula que combinó desde exenciones impositivas de diversa índole hasta un pago mínimo de regalías por el material extraído -alrededor del 3 por ciento de lo obtenido de la tierra-, pasando por libertad de acción para operar en cualquier territorio, expandió dicha actividad como nunca antes en la Argentina.

La presión social ejercida por distintas actores, principalmente en las provincias cordilleranas, sumado a la preocupación científica y el accionar de determinados representantes del estamento político, desembocaron en un proyecto de normativa que en febrero de 2011 derivó en la vigente “Ley de Protección de Glaciares” (número 26.639). ¿Qué establece este marco? Desde la concreción, en un lapso de 180 días, de un inventario nacional que individualice “todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas hídricas existentes en el territorio nacional” hasta el veto a las actividades que pudieren afectar la estabilidad de estas masas.

El inconveniente radica en que, salvo contadas excepciones, la disposición hasta ahora se mantiene en el terreno de las buenas intenciones. Un aspecto desnuda el estado de situación en términos de protección de glaciares: a más de cuatro años de sancionada la ley, el inventario sólo se llevó a cabo en algunos territorios. En otras palabras, todavía se desconoce cuántos son los cuerpos de hielo distribuidos en el territorio argentino.En lo que puede tomarse como el avance más relevante concretado hasta el momento, en marzo de 2013 IANIGLA -que, según organismos como la Asociación de Abogados Ambientalistas, enfrenta complicaciones de presupuesto para culminar la identificación de los glaciares- informó que hasta ese momento se habían relevado “más de 4.000 cuerpos de hielo en distintas subcuencas de las provincias de Catamarca, Mendoza, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. En total, la sumatoria de estos cuerpos cubre una superficie mayor a 3.000 kilómetros cuadrados, más de 17 veces el tamaño de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

Precisamente desde la Asociación de Abogados Ambientalistas, su fundador Enrique Viale expuso la nula evolución en lo que hace al trabajo en glaciares en el último bienio. “Las principales provincias con minería han complicado de una manera u otra la realización del primer inventario. Con esto me refiero a provincias como San Juan, La Rioja, Salta o Jujuy. A cinco años de sancionada la ley, se sigue sin conocer la totalidad de los glaciares por lo que no se impiden actividades económicas en zonas que serán vitales por el agua para los próximos tiempos”, dijo. El especialista continuó: “Por citar un caso, proyectos de extracción de oro como Veladero o Pascua Lama, en la cordillera en territorio de San Juan, están funcionando sobre áreas con cuerpos de hielo. De hecho, en nuestro caso nos hicimos con mapas de la compañía que opera esos yacimientos, Barrick Gold, donde en 2003 ya reconocían que efectuaban operaciones sobre glaciares”.

“El reclamo que elevamos a la Justicia sigue a la espera de un pronunciamiento, pero el hecho de que en los mismos estudios de impacto ambiental de la compañía se reconozca que trabajan sobre estas masas ya es una prueba irrefutable”, concluyó.

En simultáneo a la disputa en torno a la aplicación contundente de la ley vigente, la situación de los campos de hielo también deviene en dramática si se toman en cuenta factores ya indiscutibles como es el caso del calentamiento global.

Al respecto, documentos divulgados por IANIGLA y el mismo CONICET reparan en cómo el tamaño y la extensión de los glaciares locales se han visto reducidos de forma dramática en las últimas décadas.

“Diversos estudios (concretados en los años 2008 y 2009) indican que la gran mayoría de los glaciares estudiados en los Andes de Argentina ha sufrido un franco retroceso durante el último siglo, en sintonía con la situación observada en otras regiones montañosas del planeta”, expone un trabajo de ambos organismos.

El texto en cuestión señala además que “la pérdida de volumen de los glaciares es muy marcada también en la Península Antártica y ha sido documentada en numerosas ocasiones por científicos del Instituto Antártico Argentino”.De acuerdo a estas mediciones, en los últimos 21 años los glaciares que se ubican en el área de los Andes patagónicos perdieron alrededor del 10 por ciento de sus respectivas superficies. Algunos en particular, como es el caso del San Lorenzo (Santa Cruz), redujeron su tamaño hasta un 20 por ciento en el lapso que va de 1984 a 2004.

En tanto, el glaciar Laguna del Desierto I también vio acotada su extensión desde los años 80 a esta parte. Así, los monitoreos efectuados en la provincia de Santa Cruz destacan que su superficie retrocedió más de un 5 por ciento en tres décadas. Todo esto no hace más que evidenciar lo indiscutible de un cambio en los patrones de clima que atenta contra la supervivencia de uno de los elementos más preciados para la vida como es el agua dulce.

A la par de esta incidencia, queda la directa responsabilidad del hombre por limitar actividades que ponen en peligro directo un recurso clave para el planeta en su conjunto. En ese punto, aunque las herramientas legales están, la voluntad de resguardo continúa siendo una materia pendiente.

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